EL GOBIERNO BUSCA APARTAR A RAMOS PADILLA DEL CASO SOBRE DESIGNACIONES EN LA CORTE

El juez federal Alejo Ramos Padilla notificó al presidente Javier Milei sobre la revisión de las designaciones en comisión de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. A través de un oficio enviado a la Casa Rosada, el magistrado otorgó diez días hábiles al Gobierno para responder a los cuestionamientos presentados contra el decreto 137. La medida fue impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil y la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. En paralelo, el Ejecutivo busca trasladar la causa a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría derivar en una disputa de competencia judicial.

El planteo para declarar la nulidad del decreto se encuentra en trámite en La Plata y cuenta con el respaldo de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Ramos Padilla inscribió el caso en el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema, argumentando que afecta a toda la ciudadanía al comprometer la independencia del Poder Judicial. Por su parte, el Gobierno solicitó el rechazo de las medidas cautelares y defendió la constitucionalidad del decreto, destacando que la Corte Suprema tomó juramento a García-Mansilla en una ceremonia privada.

En su estrategia judicial, el Ejecutivo recusó a Ramos Padilla sin causa y presentó un pedido de inhibitoria ante la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, del fuero contencioso administrativo. La fiscalía analiza el planteo, que podría derivar en una disputa de competencia y, eventualmente, llegar a la Corte Suprema. La situación rememora un antecedente de 2015, cuando Ramos Padilla frenó la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que obligó a activar el proceso de aprobación en el Senado. Actualmente, los pliegos de García-Mansilla y Lijo están en condiciones de ser tratados en la Cámara Alta, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá decidir si convoca una sesión especial para su tratamiento.