BULLRICH Y SU OBSESION REPRESIVA: EL CELS LA DENUNCIA ANTE LA ONU Y LA CIDH

Las imágenes de la brutal represión del martes siguen frescas, pero la indignación ya trascendió las fronteras. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el ataque orquestado por Patricia Bullrich contra jubilados, hinchas y trabajadores que se manifestaban pacíficamente en el Congreso. En las próximas horas, se formalizará la presentación contra la ministra de Seguridad y su política de violencia sistemática contra la protesta social.

El CELS lo dejó claro: no hay golpe, hay represión. Pero el gobierno libertario, en su intento desesperado por justificar lo injustificable, sigue apelando a una narrativa delirante sobre "intentos de toma del Congreso", una excusa que ya usaron antes para justificar el protocolo antipiquetes y la represión a las protestas contra la Ley Bases. Bullrich, fiel a su estilo, intenta disfrazar la represión con discursos sobre "restaurar el orden", cuando en realidad se trata de un modelo de gobierno que solo sabe responder con palos y gases.

Lo que pasó el martes es un escándalo de escala internacional. El operativo dejó decenas de heridos y más de 150 detenidos en condiciones arbitrarias, muchas de ellas personas mayores, trabajadores de prensa y militantes de organizaciones sociales. Pablo Grillo, fotógrafo de FM La Tribu, lucha por su vida tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza. En lugar de asumir la responsabilidad por la violencia desatada, Bullrich salió a justificar el ataque: que Grillo era un "militante kirchnerista".

La jueza Karina Andrade, al ordenar la liberación de 114 detenidos, dejó en evidencia la arbitrariedad del accionar policial: detenciones sin justificación, sin precisar delitos y sin informar siquiera en qué comisarías serían alojadas las personas. La represión del gobierno de Milei no solo viola derechos humanos básicos, sino que busca instalar un mensaje de miedo. Quieren que la gente sepa que salir a la calle a protestar puede costarles la libertad, o peor, la vida.

A nivel internacional, la política represiva de Bullrich ya fue condenada en múltiples ocasiones. Desde que asumió, la CIDH y la ONU han alertado sobre la criminalización de la protesta en Argentina. Pero el gobierno de Milei no escucha, porque su único plan es gobernar a fuerza de terror. La pregunta es: ¿hasta cuándo se lo van a permitir?