EL GOBIERNO ELIMINÓ LA ASISTENCIA JURÍDICA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) eliminó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que brindaba subsidios a comunidades originarias para recibir asesoramiento jurídico en conflictos de tierras. La medida profundiza la vulneración de derechos en un contexto de incendios y posibles desalojos tras el fin de la feria judicial.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión con argumentos de "eficiencia en el sector público", aunque referentes indígenas advierten que la eliminación del programa deja a las comunidades sin herramientas legales para defender su territorio. La vocera Mirtha Ñancunao denunció que la crisis se agrava en la Patagonia, donde el fuego ya arrasó viviendas y tierras productivas, mientras el Estado avanza con desalojos y favorece el avance de capitales extranjeros sobre tierras indígenas.

El año pasado, el gobierno de Javier Milei derogó la ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades originarias. Con el regreso de la actividad judicial, se teme una ola de expulsiones sin asistencia legal. En Río Negro, la única herramienta vigente es la ley provincial 2.287, aunque los pueblos originarios denuncian que no se respeta el derecho a la consulta previa.